Es cuestión de días para que lo que los ecuatorianos decidieron en las urnas –como una apuesta porque haya un verdadero cambio en el país en materia de seguridad y combate a la corrupción y delincuencia organizada– se ejecute en el menor tiempo posible. Nadie impugnó los resultados numéricos del referendo y consulta popular del 21 de abril pasado y así el Consejo Nacional Electoral (CNE) los podrá proclamar y los cambios quedarán en manos del Gobierno y de la Asamblea Nacional.

En las nueve preguntas con reformas sobre seguridad ganó el sí y tres implican cambios directos a la Constitución: la extradición de ecuatorianos, judicaturas especializadas en materia constitucional y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional, aunque esta necesitará una reforma en la ley. Para los otros seis cambios el presidente Daniel Noboa tiene cinco días para presentar los proyectos de ley que viabilicen que los militares realicen control de armas en las vías a las cárceles, incrementar las penas en ciertos delitos, que los sentenciados también por ciertos delitos cumplan la totalidad de sus penas en prisión, además de reformas en torno a las armas y para que el Estado sea propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado.