Mauricio Jaramillo Velasteguí fue el abogado defensor de la Presidencia de la República en una demanda que plantearon cinco exasambleístas de oposición para que se declare como inconstitucional al estado de excepción ejecutado durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
Jaramillo trabajó en la Presidencia entre febrero del 2010 y julio del 2011. En la nómina figura como asesor de la Secretaría Nacional Jurídica, encabezada por Alexis Mera Giler.
Salió de la Presidencia para posesionarse como director general del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).
En septiembre del 2011, Jaramillo declaró la emergencia de la Función Judicial. La causa, anotó, fue “la inminente conmoción interna” provocada por la situación crítica del sistema judicial. “La presente declaratoria de emergencia es de aplicación exclusiva para la Dirección General (…) y se empleará para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios”, señala la resolución.
Bajo este paraguas, la Judicatura entregó 441 contratos cuyos montos suman $ 448,4 millones. El 94% se adjudicó directamente, sin concurso. Jaramillo firmó 341 contratos. Él aprobaba las contrataciones, solicitaba las certificaciones presupuestarias, invitaba a los oferentes y adjudicaba los contratos.
Uno de estos lo recibió Nexsys del Ecuador, donde un hermano y la esposa de Jaramillo trabajaron hasta el 2004. La compañía recibió sin concurso dos contratos que suman $ 3,2 millones para la compra de programas informáticos.
Además, la web de la empresa Ethac, cuya accionista mayoritaria es la esposa de Jaramillo, indica que uno de sus clientes es el Consejo Nacional de la Judicatura. En la emergencia no hay contratos para esa compañía.
EL UNIVERSO buscó una entrevista con Jaramillo desde abril pasado. Al inicio, aduciendo un viaje, el funcionario pidió que las preguntas fueran enviadas por correo electrónico. A su retorno no respondió a las insistencias de este Diario.
Tras la eliminación del CJT, Jaramillo fue designado como asesor del Ministerio de Justicia. Hoy ejerce el cargo de gerente jurídico de Petroecuador.
