Vivir sin agua, una realidad dolorosa de este Guayaquil del siglo XXI
“Hay días que se pelea la gente por el agua, porque somos bastante por aquí, y el agua no nos alcanza”.
Este es el relato de Sugey Reyes que parece sacado de los anuncios científicos que auguran escasez de agua a nivel mundial a futuro, pero que cientos viven actualmente en la cooperativa de vivienda Mélida de Toral, en la isla Trinitaria.
Con 20 años a sus espaldas, dos hijos y esposo, Sugey migró hace un año desde la Prosperina, noreste de Guayaquil, a la casa de caña sostenida en palos de mangle sobre el contaminado y maloliente estero Salado. Su vivienda, dividida en sala-comedor, dormitorio y un baño hecho con fundas plásticas de color negro, no tiene agua potable y alcantarillado.

Por cerca de 15 años Julio Toala ha tenido que coger agua en tanques, ante la carencia de agua potable por tubería en la cooperativa de vivienda San Ignacio de Loyola.
La situación para ella, en lugar de mejorar, empeoró, ya que en La Prosperina compraba agua en tanqueros, pero ahora se provee de una pileta comunitaria instalada a unos 30 metros de su vivienda.
Esperar hasta las cuatro o cinco de la mañana para recoger agua, siempre y cuando la presión sea fuerte, o bañarse y lavar la ropa en la calle, es el diario vivir de Sugey, quien, aunque parezca insólito, recibe planillas de cobro por un servicio que no tiene.
La joven aparentemente entra en el 85.92 % de pobladores que reciben el servicio de agua potable a través de la red pública, según datos del censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de 2010. Otros lo hacen mediante tanqueros (12.53%), pozos (0.71%), ríos, vertientes, acequias o canales (0.19%), y otros como agua lluvia o albarrada (0.64 %).
Otras 30 familias, además de la de Sugey, se abastecen de la misma pileta durante la madrugada, debido a la presión alta, asegura María García, defensora comunitaria de la Niñez y la Familia de la zona, y quien es una de las pocas que ha logrado que el agua llegue mediante conexión por tubería a su casa.
Las llamadas piletas de este sector son medidores a los que se ha conectado un tubo controlado por una llave de paso que es abierta cuando se lo requiere.
La falta de agua potable en el sector hace que Sugey piense en ir a vivir a otro lugar. “El agua es lo más importante que tiene que ver” (sic), dice la joven, quien tiene que llenar dos o tres veces a la semana los dos tanques de su vivienda para cubrir algunas necesidades.
Similar situación vive Fernando Caicedo Mercado, casado y padre de cuatro niños, quien a pesar de contar con un grifo en el lavadero de su cocina, también tiene que trasladarse hasta la pileta para llenar el único tanque de agua que tiene en su domicilio.
Las condiciones de vida de Caicedo son similares a las de su vecina Sugey, salvo que su vivienda está asentada en tierra firme, entre calles sin nombre que se pierden entre la polvareda y el lodo próximo al estero, cuyas aguas rodean el sector de una forma irónica ante la escasez.
La problemática del agua potable la asumió Interagua el 2001 y según ha indicado Andrés Mendoza, presidente de la Ecapag, vigilante de la concesión, a fines de 2012 todos los habitantes de Guayaquil tendrá el servicio, pero esto solo incluye sectores dentro del límite de asentamientos consolidados reconocidos por el Municipio.
Pero tras 11 años de concesión, la solución no llega a los habitantes de la cooperativa de vivienda San Ignacio de Loyola, ubicada en la entrada de la 8 en la vía Perimetral, al noroeste de la ciudad. Ellos aún carecen de agua potable, problema que acarrean ya hace más de 15 años.
Jéssica Olvera Macías es una de las residentes de ese lugar desde hace 12 años. Ella tiene que comprar agua de tanqueros para lavar, bañarse o cocinar, no así para tomar, ya que para ello compra agua embotellada, con lo que evita que dos hijos enfermen, aunque ello le represente un gasto adicional.
Al inicio de su estadía en San Ignacio, -sector de pequeñas casas de cemento y piedra pómez, calles con lodo marcadas con las llantas de los tanqueros, en ocasiones adoquinadas pero la mayoría empolvadas, todas parecidas más a zonas rurales que a una metrópoli-, Jéssica recibía agua salada que la utilizaba solo para limpieza y aseo
personal.
Por ello instaló en su vivienda tuberías para el baño y la cocina, ya que esa agua era almacenada en un tanque elevado, pero ahora los grifos están de adorno, pues almacenar agua comprada de tanqueros le representa un costo elevado.
En el sector se instalaron hace cerca de un año las tuberías madres de agua potable, pero no se ha dicho cuándo o cómo se van a instalar los medidores y las tuberías en los respectivos domicilios, relata Olvera, versión corroborada por Daysi Motato, vecina y habitante de San Ignacio por ya 15 años.
Daysi y su esposo, Julio Toala, llegaron al sitio atraídos por la idea de contar con una vivienda propia. La pareja de mediana edad antes residía en las calles Domingo Savio y la 14, suburbio de Guayaquil, donde no existían problemas con los servicios básicos, pero el dinero no alcanzaba para solventarlos.
Julio, quien trabaja como guardia de seguridad, adquirió una bomba succionadora de agua y manguera para llenar los tres tanques de la vivienda, ya que la estrechez de la calle y lo inclinado de la loma donde se ubica su casa, hacen imposible que los tanqueros lleguen.
Entre $ 0,80 y $ 1,00 cuesta llenar cada tanque, que a Daysi le duran una semana, tratando de ahorrar lo que más pueda.
El agua en la casa de la pareja es utilizada para aseo personal, alimentación, y limpieza de la casa, es hervida para beberla y procuran tapar bien los tanques para evitar enfermedades o que se conviertan en criaderos de mosquitos.
Hasta la fecha, ninguno han sufrido problemas de salud por beber el agua, incluida su hija, Priscila Toala Motato, de 27 años, quien desde que se casó, ya hace siete años, se trasladó a vivir con su esposo, Gregorio Montenegro, y sus tres hijos, a otra casa ubicada a cuadra y media.
Priscila no vive las mismas peripecias que sus padres, pues los tanqueros sí tienen acceso a su casa, pero, a diferencia de ellos, su tanque está ubicado a la intemperie en el exterior de su vivienda.
A pesar de los problemas para proveerse de agua potable, luz, telefonía, recolección de basura, y sufrir la delincuencia, Daysi y Julio no piensan mudarse, ya que la casa se encuentra legalizada y hasta la están ampliando de a poco; Jéssica y Priscila por su lado se acostumbraron, pero ello no significa que no deseen el servicio.
Como estas historias son miles, Ecapag discrepa con las cifras del INEC, al segurar que no son 14% los que no cuentan con agua sino solo un 4% de guayaquileños, en los sectores empobrecidos de la periferia de la ciudad.
Sobre los asentamientos ilegales, según el gobierno, la situación está siendo controlada, mientras que el Municipio por su lado realiza poco a poco un proceso de legalización en zonas ya asentadas, pero en los lugares donde no existe legalidad, Ecapag e Interagua no extenderán la cobertura.
Ambos entes gubernamentales impulsan programas habitacionales populares con servicios, pero a pesar de su bajo costo, representan una cantidad difícil para familias conformadas en su mayoría por menores de edad, donde solo el jefe de hogar trabaja y percibe un sueldo con el que trata de cubrir lo necesario.
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