El principal de ese banco, Pietro Zunino, y el gerente general, Raúl Sánchez Rodríguez, fueron condenados a ocho años de prisión por peculado bancario. El caso está en casación.
En Coopera, según la Fiscalía, había operaciones injustificadas por $ 35 millones, por la supuesta exportación de químicos a Venezuela.
Los ejecutivos de Coopera, Rodrigo Aucay Sánchez y Raúl Carpio Pérez, fueron condenados a cuatro años de prisión y al pago de $ 70,7 millones por lavado de activos.
Junto con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, el Banco Central (BCE) emitió resoluciones para controlar los pagos anticipados a las empresas ecuatorianas, pues desde marzo del 2012, el Banco Central de Venezuela (BCV) permitía que se pagara por adelantado a los exportadores, incluso antes de embarcar los productos. Esta decisión del BCV fue aprobada por el primer vicepresidente gerente, Eudomar Tovar.
En julio del 2013, el gerente del BCE, Mateo Villalba, explicó ante la Asamblea que “toda transacción inusual” en el Sucre estaba controlada para que no se repitieran los casos del Territorial y de Coopera. Reconoció que hasta ese entonces se habían registrado irregularidades en alrededor del 19% de lo transado, lo que equivalía a $ 324 millones.
Con los controles que se comenzaron a aplicar y la disminución de las exportaciones, el rubro más llamativo que ha desaparecido del sistema Sucre es el que agrupa a productos químicos y ciertas vitaminas.
Las ventas de estas mercancías tuvieron su boom entre el 2011 y 2013, cuando pasaron de $ 50,3 millones a $ 215,5 millones. Se exportaba ácido cítrico, sulfito de sodio, óxido de zinc, p-hidroxibenzoato de metilo, vitamina PP, penicilina y tetraciclina, entre otros.
Otro rubro que dejó el sistema fueron las máquinas agrícolas: descascarilladoras y despulpadoras de café, desgranadoras de maíz, máquinas para el ordeño, entre otras, que en el mismo periodo superaron los $ 146 millones.
Hay categorías de menor valor como las hortalizas por $ 14 millones o los productos de fieltro por $ 9,8 millones.
Y otras específicas, como la de construcciones prefabricadas, por $ 113,58 millones, y que está relacionada con la fábrica que se montó en Guayaquil para producir esos paneles, a cargo de Fondo Global de Construcciones. Esa es una de las investigaciones que abrió la Fiscalía y que aún no concluye.