3 de septiembre, 2014
En el norte de Guayaquil se levanta la obra más grande y de mayor costo de la emergencia judicial. Está en el kilómetro 8,5 de la vía a Daule, en el sector de La Florida. El complejo tiene once torres y en él se tramitan juicios de todas las áreas.
El contrato inicial para esta edificación costó $ 34,79 millones, pero un informe de la Judicatura de abril pasado estimaba que su valor final ascendería a $ 64,18 millones, el 84,47% más de lo calculado.
El contrato para Guayaquil Norte se dio a fines del 2011, en la gestión del extinto Consejo de la Judicatura de Transición (CJT). El entonces director general, Mauricio Jaramillo Velasteguí, adjudicó la obra directamente a Alessmart.
Un año después, Jaramillo firmó un contrato complementario por $ 11,88 millones adicionales. La medida se tomó, según consta en el contrato, porque se establecieron rubros nuevos durante la ejecución.
Cuando el actual Consejo de la Judicatura (CJ) reemplazó al CJT, en enero del 2013, la edificación no estaba lista. Cristina Cuello García, que era la coordinadora del Eje de Infraestructura Civil, hizo un informe al respecto. “En el análisis integral del proyecto –señaló– existen rubros no contratados que son necesarios ejecutar para la terminación total de la obra”.
De esta manera, la entonces directora general, Doris Gallardo Cevallos, dio un tercer contrato a Alessmart, bajo el régimen de emergencia, por $ 9 millones. Así, el precio de la obra ascendió a $ 55,67 millones.
La Judicatura planea firmar un convenio de pago adicional que elevaría el costo a $ 64,18 millones.
A su vez, la construcción de la unidad Guayaquil Sur, ubicada en la ciudadela Valdivia, también tuvo un incremento. El contrato inicial costó $ 7,86 millones, pero la Judicatura estima en su informe que el costo final ascendería a $ 14,59 millones, es decir, el 85,62% más.
El director del CJT, Mauricio Jaramillo, otorgó directamente la obra a Adokasa por el costo inicial. Luego firmó un contrato complementario de $ 2,74 millones, y la exdirectora del CJ Doris Gallardo suscribió un tercer contrato por $ 993 mil. La obra ascendió a $ 11,62 millones, pero el informe del CJ estima que terminaría costando $ 14,59 millones.
La actual directora del CJ, Andrea Bravo Mogro, señaló que “los diseños (de Guayaquil Norte y Sur) estuvieron mal concebidos”. Para subsanar esa falla, agregó, no fue suficiente el contrato complementario, sino otro adicional.
Dos especialistas en contratación pública consultados coincidieron en que no se debe pagar por una obra más del 70% del contrato original. El sustento está en la Ley del Sistema de Contratación Pública.
Al respecto, Bravo argumentó que en ambas obras los contratos originales y los complementarios fueron liquidados antes de dar paso a los posteriores, que fueron adjudicados por Gallardo. Por eso, sostuvo, el primer y el tercer contratos son diferentes.
En total, la Judicatura suscribió 204 contratos para construcción y remodelación de edificios, durante la emergencia judicial. Los contratos, que suman $ 333,9 millones, están registrados en la web de la institución, el portal de Compras Públicas y en un informe entregado por petición directa. Los contratos fueron para los estudios y diseños, la fiscalización y la ejecución de los proyectos.
Del total contratado, el 48,7% ($ 162,7 millones) se destinó a 10 de las 76 obras de la emergencia. Tres están en Guayaquil y el resto en Loja, Ambato, Santo Domingo, Otavalo, Ibarra, Puyo y Tena (ver gráficos).
El costo final de estas construcciones, según estimaciones de la Judicatura, aumentaría un promedio del 22,7% respecto de los contratos originales.