4 de septiembre, 2014
Un ingeniero electrónico y cuatro abogados formaron el equipo que estuvo a cargo de la reestructuración de la Función Judicial, que por mandato de la Consulta Popular del 2011 debía realizarse “en el plazo improrrogable de 18 meses”.
Para ello se formó el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), que estuvo conformado por los vocales Paulo Rodríguez Molina (quien lo presidió), Tania Arias Manzano y Fernando Yávar Umpiérrez. Junto con ellos actuaron el director general, Mauricio Jaramillo Velasteguí, y el secretario, Guillermo Falconí Aguirre.
Su cercanía con el Gobierno facilitó su designación como funcionarios del CJT. Tres de estos cinco personajes siguen en la administración pública.
En su gestión hicieron el relevo de la Corte Nacional de Justicia, así como la selección de jueces de menor instancia y funcionarios judiciales.
Durante la reestructuración judicial, en septiembre del 2011, Jaramillo declaró el régimen de emergencia, lo cual permitió la firma de 441 contratos que suman $ 448,4 millones, con miras a mejorar la justicia.
Aunque las funciones del CJT cesaron en enero del 2013, la emergencia continúa. Falta liquidar contratos.
