Dos empresas ligadas con lazos familiares

2 de septiembre, 2014

“Honestamente, odio la Judicatura, no me interesa hablar absolutamente nada sobre el tema”, contestó con voz de enfado Mauricio Reyes Toscano, y enseguida colgó el teléfono.

Su compañía inmobiliaria Carlos Reyes y Asociados recibió el 16 de diciembre del 2011 un contrato del Consejo de la Judicatura de Transición, por $ 4,9 millones. El contrato lo firmó su hermano Carlos, para la construcción y remodelación de la Unidad de Quevedo.

Carlos Reyes Toscano estuvo detenido para investigaciones y luego fue sobreseído por la jueza Yolanda Cueva, dentro de un proceso por el delito de lavado de activos, después de que en enero del 2012 la Secretaría de Transparencia allanara un edificio de Carlos Reyes, donde supuestamente se negociaban coimas por contratos relacionados con la Judicatura.

Ahí, la Policía halló un maletín con $ 210 mil y documentos con proyectos del Consejo de la Judicatura. El dinero, según la investigación, correspondía a un préstamo que Tony Cisneros Merino, contratista de la Judicatura en una obra de Cariamanga (Loja), le había dado al arquitecto César Novillo Riofrío.

A Novillo se lo vinculó en la supuesta red de coimas y también   se le dictó orden de prisión, pero no fue detenido. La jueza Cueva suspendió la medida y lo declaró inocente, pues sus abogados presentaron la letra de cambio del préstamo de Cisneros, con fecha del mismo día  del allanamiento.

Este Diario intentó localizar a Novillo para una entrevista, pero no fue posible. En su natal Loja, a Novillo se lo reconoce como jugador de la selección de baloncesto, al igual que su hermano Gustavo, director provincial del Ministerio de Industrias y Productividad en el 2012.

El lojano Leonidas Moreno Ordóñez, exveedor judicial, cuenta que a Novillo “se lo conocía en el mundo del baloncesto como Milly”.

Moreno también jugaba en la selección de básquet de su ciudad y recuerda que otra destacada figura de este deporte era el abogado lojano Diego Guzmán González, quien en el 2012 fue asesor de Fernando Yávar Umpiérrez, exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) y también seleccionado del baloncesto en Guayas en los años 90.

A Ronald, hermano de Diego Guzmán, no lo recuerdan en Loja como deportista, pero sí como director provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe en el 2012 y como cuñado de Diego Falconí Espinosa, primo de Guillermo Falconí Aguirre, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura de Transición.

Ese año, el hermano de Guillermo, Pablo, se desempeñó como delegado de la Judicatura en Loja, función que en enero pasado asumió María Lorena Espinoza Salazar, prima de Guillermo Falconí Aguirre.

Ella no aceptó una entrevista, al igual que Mauricio Reyes Toscano, uno de los dueños de la Inmobiliaria Carlos Reyes y Asociados, elegida por la Judicatura para construir el edificio de Quevedo, en Los Ríos.

En la inmobiliaria también constan como dueños Carlos y Verónica Reyes Toscano, esta última figura como presidenta, cargo que también cumple en la compañía Mauricio Cattani Constructores, de propiedad de su esposo.

La compañía de Mauricio Cattani Ubidia también recibió un contrato de la Judicatura de Transición, en este caso para la edificación de la Unidad Especializada de la Función Judicial de Chone, por $ 5,4 millones, el 20 de diciembre del 2011. Sin embargo, a Cattani no se lo ubicó en los teléfonos registrados en el contrato y en la Superintendencia de Compañías.

“Es un fastidio, no quiero saber nada de la Judicatura”, recalcó Mauricio Reyes, abogado especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, un posgrado en el 2006 en el que coincidió –en la Universidad Autónoma de los Andes (Ambato)– con el más tarde vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, Fernando Yávar Umpiérrez.