Un caso de matriculación fraudulenta de carros robados en Colombia se descubre en marzo, en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de Santo Domingo. La ANT dispone el cierre temporal de esa oficina y separa a 21 empleados. Dos meses después se inicia la instrucción fiscal contra tres exfuncionarios presos que son acusados de asociación ilícita y uso doloso de documentos públicos; un cuarto sale del país, mientras se reabre la ANT. Entre julio y agosto, un expolicía, un civil y tres personas más son incluidos en la instrucción.

Los nueve están a la espera de la resolución del Juzgado 1º de Garantías Penales. En noviembre son devueltos once carros a sus dueños en Colombia (foto).