Los conflictos políticos marcan los organismos seccionales en las provincias de Cotopaxi y Sucumbíos, y en el cantón azuayo Santa Isabel. Destituciones, multas, procesos legales son algunos de los recursos utilizados en la disputa de cargos.

A mediados de mayo, la Contraloría del Estado pide la destitución de César Umajinga (PK), en el cargo de prefecto de Cotopaxi, y lo multa con $ 5.280 por supuesto nepotismo y presuntas desviaciones administrativas como el cobro excesivo de sueldo.

Umajinga apela la resolución, pero la entonces viceprefecta Blanca Guamangate (alejada de PK ) y siete alcaldes de PAIS y aliados no esperan el plazo de 30 días para que se dilucide la apelación que él presentó ante el Tribunal Contencioso, sino que lo separan del cargo en junio, con 8 de 16 votos. Umajinga es impedido de ingresar a la Prefectura, que es blindada por policías, mientras su subalterna lo reemplaza en el cargo.

En Sucumbíos, en cambio, los tres jueces de la única sala de la Corte de Justicia suspenden, en agosto, la destitución del cargo y la multa por $ 5.280 que la Contraloría establece contra el prefecto de esa provincia, Orlando Grefa (alejado de SP y cercano al Gobierno), por no haber cuidado los intereses del Estado en obras inconclusas.

En este caso, pese al pedido de destitución, el Consejo Provincial, de mayoría afín a PAIS, no lo separa, como sucedió con Umajinga.

En el cantón Santa Isabel, con notarios, peritos judiciales y técnicos de la Contraloría, Rodrigo Quezada reasume en marzo la Alcaldía de ese cantón, por disposición de la Sala de Conjueces Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Azuay, que deja sin efecto la resolución de la sesión del 2011, en la que fue destituido por el Concejo Cantonal, presidido por la concejala Miriam Guartán (PAIS), quien entonces lo reemplaza por unos meses.