Intensas lluvias, ríos crecidos, deslaves en zonas montañosas y muros de contención colapsados son parte de los efectos del fuerte invierno en la Costa, Sierra y Amazonía. Como consecuencia, en el país se registran más de cinco mil evacuados, cerca de tres mil albergados; 60 mil hectáreas de cultivos perdidos (solo en Guayas, Los Ríos y Manabí se reportan 46.727 ha) y poco más de 50 fallecidos.

Ciudades como Portoviejo, Calceta, Chone (Manabí), Babahoyo, Quevedo, Mocache, Vinces (Los Ríos), Santa Rosa (El Oro), Santa Lucía y Salitre (Guayas) quedan bajo el agua. Miles de casas se inundan, puentes colapsan, carreteras se destruyen y varias comunidades de la Costa y de la Sierra quedan aisladas.

Autoridades de los gobiernos seccionales exigen al Estado que se declare la emergencia para paliar los daños que deja el temporal. Después de dos semanas de iniciarse los pedidos, el 8 de marzo el presidente Rafael Correa decreta el estado de excepción, por 60 días, en Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Loja. A los diez días, el mandatario incluye en la emergencia a Esmeraldas y el 28 de ese mes lo hace con Azuay.

Para remediar los desastres, el Ministerio de Finanzas desembolsa $ 40,2 millones para que sean repartidos a estas provincias cuyos cantones son los más afectados, pero sus autoridades afirman que los fondos que les llegan, a algunos tarde, no son suficientes.

A los dos meses, el presidente renueva el estado de excepción y lo amplía por 30 días más, con el propósito de implementar medidas de prevención y enfrentar el impacto invernal.