2 de septiembre, 2014
De los 326 contratistas que participaron en la emergencia judicial, 16 obtuvieron el 46% del monto total contratado. Se adjudicaron $ 208,7 millones de los $ 448,4 millones.
La Judicatura suscribió 441 contratos bajo el régimen de emergencia, que le permitió realizar contrataciones directas sin licitaciones.
Los mayores beneficiarios, que representan el 5% de contratistas, son: Alessmart, Indra Sistemas, Planman, Cibercall, Adokasa, Wladimir Ortega Rodríguez y Oswaldo Rodríguez Lozada; así como otros nueve contratistas que están relacionados y conforman tres distintos grupos (ver recuadros).
Ellos recibieron 26 contratos para la realización de 18 obras civiles, la compra de un sistema informático y la instalación de una solución telefónica para conectar a todos los juzgados.
Durante la gestión del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), cuyo director fue Mauricio Jaramillo, se firmaron 436 contratos. Las otras cinco contrataciones las hizo el actual Consejo bajo la administración de la entonces directora Doris Gallardo Cevallos.
Jaramillo declaró la emergencia en septiembre del 2011. En abril pasado, este Diario le solicitó una entrevista que no se pudo concretar. Él asumió la responsabilidad de las contrataciones del CJT, cuyos vocales eran Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar.
La guayaquileña Alessmart encabeza la lista y construyó el Complejo Guayaquil Norte, en La Florida. Para esta obra se suscribieron tres contratos que suman $ 55,6 millones.
Esta empresa –que registraba un capital de $ 800– es de propiedad de John Martínez Zambrano, un constructor que también ha trabajado con el Municipio de Guayaquil y que fue socio de la exministra María de los Ángeles Duarte.
La entrevista solicitada a esa compañía fue negada por su directivo Pablo Pinillos.
Justicia 2.0
Otro gran contratista fue la española Indra, a la que el CJT adjudicó $ 23,7 millones para implantar un sistema informático llamado Justicia 2.0. Tres empresas presentaron ofertas para este contrato: Indra, I3G-Telconet y TV&F.
El técnico Álex Gordillo Montero, miembro de la comisión calificadora de las ofertas, hizo tres observaciones a Indra, según el acta final: 1. La propuesta no incluía la puesta en marcha del sistema y el soporte in situ; 2. Ponía condiciones respecto del número y tamaño de salas de audiencia donde irían equipos de grabación; y 3. La plataforma del sistema no era robusta para el volumen de la información.
“Por los mencionados condicionamientos, el técnico de la comisión considera que no se debería evaluar a la empresa Indra S.A.”, se lee en el acta. Sin embargo, los cuatro funcionarios de la comisión –Johanna Velasco (presidenta), Wilson López y el propio Gordillo– recomendaron adjudicar a la española.
La representante de I3G, Tania Bueno, denunció el hecho a la Veeduría Internacional, que monitoreó el plan de reforma judicial y que estuvo liderada por el español Baltasar Garzón, pero –contó– los veedores le dijeron que no tenían competencia para investigar.
La actual directora de la Judicatura, Andrea Bravo, dijo a este Diario en marzo pasado que Indra ya cumplió el contrato, pues entregó el software e instaló un plan piloto en la Unidad Judicial de Santa Elena. El Consejo asumió la puesta en marcha del sistema en el resto del país y eso “no durará menos de 28 meses”, añadió.
El representante de Indra, Pablo Romero Ponce, no contestó al pedido de entrevista.
Otro proveedor tecnológico fue Cibercall, con tres contratos por $ 11,8 millones, para dar servicio de telefonía IP y redes inalámbricas que conecten a los juzgados. Sus directivos son los colombianos Jesús Oyola Castro y Carlos Oyola Vivas. En su sitio web menciona como clientes a bancos ecuatorianos, a Allegro PCS y a América Móvil, e indica que desde septiembre del 2013 cambió de nombre a CiberC. Los contratos con el CJT fueron suscritos por Álvaro Ávila Landázuri, su representante en Ecuador.
Otras construcciones fueron adjudicadas a Wladimir Ortega Rodríguez, quien obtuvo dos contratos por $ 19,4 millones.
El primero, por $ 7,9 millones, fue para remodelar la unidad de Loja y el segundo, por $ 11,5 millones, para construir el edificio de Tena. Ortega, presidente del club de básquet Mavort, no aceptó una entrevista con este Diario.
Planman, con un capital de $ 1.000, hizo el edificio de Santo Domingo por $ 12,4 millones. Su gerente, Pablo Baquero Égüez, contó que el CJT lo contactó para que presentara una carpeta con su experiencia y estados financieros. Luego recibió la invitación para ejecutar la obra.
Oswaldo Rodríguez Lozada construye la unidad de Ambato por $ 12,3 millones. La obra, que tiene un avance del 78%, está suspendida desde inicios de agosto, indicó la directora de la Judicatura de Tungurahua, Linda Amancha.
Adokasa, que tiene un capital de $ 800, hizo la unidad Guayaquil Sur mediante tres contratos por $ 11,5 millones. Sus propietarios, los esposos Luis Agusto Briones y Karina Sánchez León, han edificado escuelas para el actual Gobierno. Agusto no aceptó una entrevista a este Diario.
