2 de septiembre, 2014
La Judicatura otorgó 441 contratos por $ 448’479.695 durante la emergencia de la Función Judicial, entre octubre del 2011 y julio del 2013. El 78,4% de esa inversión –$ 351’630.520– se destinó a infraestructura civil.
El supuesto riesgo de una “inminente conmoción interna” y sus consecuencias fueron los argumentos para declarar la emergencia y movilizar millonarios recursos públicos.
La declaratoria permitió iniciar una especie de maratón de contratos adjudicados de manera directa. Por ejemplo, solo el 23 de enero del 2013 se firmaron 36 contratos que suman $ 94,3 millones. La emergencia estuvo en manos del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), integrado por Paulo Rodríguez Molina, Tania Arias Manzano y Fernando Yávar Umpiérrez.
La Dirección General del CJT –Mauricio Jaramillo Velasteguí, como representante legal– asumió la responsabilidad de la contratación, mientras que Guillermo Falconí Aguirre era el secretario general.
La transformación se desarrolló, según Paulo Rodríguez, sobre estos ejes estratégicos: Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil, Infraestructura Tecnológica, Cooperación Interinstitucional y Gestión Financiera Equitativa. También se seleccionaron jueces tanto en la Corte Nacional como en los juzgados.
EL UNIVERSO analizó los contratos de la emergencia subidos al portal de Compras Públicas hasta el cierre de esta edición, además de los que constan en el sitio del CJT y en informes de ese organismo. Se revisaron 441 contratos por $ 448,4 millones (ver infografía).
La Judicatura no respondió dos pedidos de información que hizo este Diario el año pasado a la entonces directora general, Doris Gallardo Cevallos, relacionados con contratos.
El mayor rubro de contrataciones fue a Infraestructura Civil, que incluye diseño, fiscalización, construcción, remodelación, etcétera. Se firmaron 278 contratos por
$ 351,6 millones. La inversión en infraestructura supera con creces al resto.
La segunda área más importante fue Tecnología, con $ 70,3 millones (42 contratos).
A Talento Humano se destinaron $ 16,2 millones, de los cuales $ 12,1 millones se asignaron a consultorías y a logística. La Universidad Católica de Guayaquil y la Politécnica del Litoral recibieron los mayores contratos ($ 3,8 millones).
En la parte logística, sobre todo para evaluaciones a jueces y a candidatos a ese cargo, el principal contrato fue para Promostandsec ($ 1,9 millones). A capacitación se dedicó $ 1 millón.
Otro rubro significativo fue Comunicación, con $ 8,9 millones, que básicamente se usaron en publicidad. Se contrató a Publitraffic ($ 5,2 millones) y a Édgar Cervantes Gudiño ($ 1,2 millones) para logos, letreros y gigantografías.
En el sector Modelo de Gestión (15 contratos) se asignaron $ 1,3 millones para consultorías con, por ejemplo, Coretrust Consulting ($ 271 mil) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas ($ 250 mil).
Estas cifras se refieren a los valores iniciales de los contratos, pues en algunos casos los montos se incrementaron.
Tras tres años de declarada la emergencia no es posible definir su costo total, pues según la actual directora general de la Judicatura, Andrea Bravo Mogro, algunos contratos no están liquidados todavía.
El Estado le asignó $ 596,2 millones a la Justicia, que hasta marzo del 2014 había gastado $ 450,6 millones. Es decir, ya superó el monto de los contratos ($ 448,4 millones). Solo cuando se liquiden todos los contratos, aseguró Bravo, terminará la emergencia.
