CONCURSOS CUESTIONADOS Y CON FALENCIAS CONFIRMADAS MARCAN A  NUEVAS AUTORIDADES

La nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ) asume el 26 de enero. Carlos Ramírez, presidente de la anterior, es uno de los 21 ganadores y elegido para seguir al frente de ese organismo con 19 votos de sus colegas. Un día antes había empezado su labor la veeduría internacional al cambio judicial.
El concurso de selección está marcado por cuestionamientos de abogados y asambleístas de oposición que denuncian que hubo irregularidades al conceder puntos adicionales a aspirantes que ellos consideran cercanos al régimen.
Aunque en un primer informe preliminar la veeduría –con el español Baltasar Garzón a la cabeza– solo recoge las denuncias y recomienda, por ejemplo, que no se dé una calificación tan alta (10 puntos) a la argumentación de por qué el aspirante quiere el cargo y que esa no sea la última fase del concurso; meses después, su informe final revela que sí hubo “falencias” en la calificación y detalla irregularidades en las puntuaciones de seis aspirantes: cuatro quedaron como jueces y dos, conjueces.
De hecho, la veeduría describe a la selección de la CNJ como uno de los tres “nudos críticos” dentro de la reforma. Los otros son la evaluación al personal judicial y la necesidad de fortalecer la independencia de este poder del Estado.
Más denuncias surgen en torno al concurso para integrar la Corte Constitucional, como fallas en el banco de preguntas que sirve para tomar las pruebas teóricas. La Comisión Ciudadana, presidida por Pamela Martínez, asesora del presidente Rafael Correa, elige a cinco personas para que lo elaboren, entre ellas Caupolicán Ochoa, abogado del mandatario y quien antes quedó fuera del concurso por no dar la documentación completa.
La Asamblea posesiona a los nueve jueces constitucionales, seis son nuevos, como Antonio Gagliardo, el fiscal del Guayas que desestimó la denuncia de EL UNIVERSO contra el juez Juan Paredes por prevaricato y falsedad ideológica; y tres son reelegidos, uno de ellos es Patricio Pazmiño, mocionado por el Ejecutivo y quien sigue al frente de la Corte Constitucional.
Mientras que la función de Transparencia queda armada definitivamente con la posesión de Ernesto Pazmiño como defensor público para un periodo de seis años. Él ya ocupa ese cargo desde el 2007.
La Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación no dio paso a los cuestionamientos de dos ciudadanos sobre supuestos actos de “peculado” y “nepotismo”, y lo declara ganador al ser el mejor puntuado.
El periodo de transición que contempla la Constitución de Montecristi se cierra con la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo. El Ejecutivo, la Asamblea, la Corte Nacional, el defensor público y el fiscal general envían sus ternas.
El proceso está en marcha. El Consejo de Participación analiza impugnaciones contra de Paulo Rodríguez, nominado por el Ejecutivo, y de Tania Arias, por la Fiscalía, para seguir como vocales en la Judicatura definitiva.
Gustavo Jalkh, exministro de Justicia y exsecretario particular de Correa, sería su nuevo presidente al ser el delegado de la CNJ, porque así lo establece la reforma aprobada en el referéndum de mayo del 2011.