| 1 de enero del 2010

En ese ambiente de triunfo ocurrió un hecho inesperado. Diario Expreso de Guayaquil reveló que Fabricio Correa, el hermano mayor del Presidente de la República, había firmado con el Estado contratos por encima de los 80 millones de dólares. Por muchos esfuerzos que hizo, el mandatario que al principio dijo que no había nada ilegal en dichas relaciones contractuales, no pudo demostrar que su hermano mayor estaba libre de toda sospecha, así que ordenó que se den por terminados esos convenios de manera unilateral, una vía que muchos expertos pusieron en duda por el posible costo millonario para el Estado. Posteriormente, la Contraloría determinó que el monto superaba los 160 millones de dólares en sectores como la construcción y el petróleo. Fabricio Correa comenzó una campaña mediática en la que apuntó a varias autoridades del régimen usando argumentos que, en muchas ocasiones, cayeron en el plano personal y en la ridiculización contra cercanos asesores de Rafael Correa. Todo esto en un contexto en que las amenazas a la libertad de expresión, representadas sobre todo por varios procesos contra Teleamazonas, comenzaron a generar reacciones. Honduras se convirtió en el centro de la atención y preocupación mundial. El golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el primero en América Central desde la Guerra Fría, sorprendió al continente que, con excepción de Cuba, ha vivido relevos democráticos en las últimas dos décadas. El hecho puso a prueba la nueva política internacional de Estados Unidos, que lejos de alentar a los militares se afanó en buscar una salida constitucional, al tiempo que la OEA iniciaba una serie de gestiones para resolver la crisis, y el venezolano Hugo Chávez y el brasileño Lula da Silva encabezaban el rechazo latinoamericano a los golpistas. El problema hondureño aún no se resuelve y, pese a los buenos oficios de los negociadores, se realizaron nuevas elecciones en las que triunfó la oposición, pero cuyo resultado fue reconocido por EE.UU., en claro distanciamiento de los países latinoamericanos. Días antes del golpe, el Ecuador anunciaba su ingreso a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por Chávez, pese a que durante poco más de dos años había preferido no hacerlo.