El pueblo Kichwa de Sarayacu logra que, dentro del sistema interamericano, se definan los alcances de la consulta previa. El 19 de diciembre del 2003, la población indígena demanda al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ingreso de la Compañía General de Combustibles (CGC). La Comisión decide trasladar el caso a la Corte Interamericana, el 26 de abril del 2010, “ante la falta de avances sustantivos” en el cumplimiento de sus recomendaciones. En el fallo final, dictado el 27 de junio, pero publicado el 25 de julio, se reconoce que la consulta está consagrada en la Constitución, como lo estuvo en la de 1998, pero añade que han faltado los procedimientos para desarrollar este derecho adecuadamente.